Reforma de subcontratación especializada: ¿qué cambios se discutieron en 2025 y qué implican para las empresas?
Durante octubre de 2025, la conversación pública y legislativa sobre la subcontratación especializada volvió a tomar fuerza. Aunque no se aprobaron modificaciones definitivas, diversos sectores empresariales y autoridades abrieron formalmente la discusión sobre ajustar ciertos elementos del marco regulatorio vigente desde la reforma de 2021.
Este debate refleja una realidad clara: después de cuatro años de operación, el modelo actual ha generado aciertos, pero también cargas administrativas, incertidumbres interpretativas y retos prácticos para las empresas, especialmente aquellas que forman parte de grupos corporativos complejos.
Se retomó el debate recientemente debido a que la Secretaría del Trabajo, legisladores y organismos empresariales coinciden en que existen puntos de la reforma que requieren revisión. Entre las razones principales destacan:
- Altos niveles de carga administrativa para obtener y mantener el REPSE.
- Ambigüedades en la definición de “actividad preponderante”, lo que provoca incertidumbre en auditorías.
- Problemas prácticos para empresas con servicios compartidos internos, como contabilidad, TI, RH o logística.
- Incremento en litigios y créditos fiscales derivados de interpretaciones estrictas del IMSS y el SAT.
Todo esto llevó a una presión creciente para replantear algunos aspectos sin desmontar la intención original de la reforma: eliminar la subcontratación abusiva.
Aunque no hay cambios aprobados, los temas sobre la mesa ofrecen una visión clara de hacia dónde podrían dirigirse futuras modificaciones.
1. Ajustes al Registro REPSE
Se discutió la posibilidad de:
- Simplificar procesos de renovación.
- Agilizar plazos de respuesta.
- Establecer criterios más uniformes entre dependencias.
Para muchas empresas, el REPSE ha representado uno de los mayores desafíos operativos.
2. Regulación específica para servicios compartidos (shared services)
Grupos corporativos solicitaron:
- Reconocer formalmente que los servicios internos (finanzas, nómina, TI, compras, etc.) no constituyen subcontratación indebida.
- Establecer lineamientos para documentar correctamente estos servicios sin necesidad de REPSE.
Este punto es uno de los más relevantes, pues afecta a corporativos nacionales y multinacionales.
3. Revisión de la definición de “especialización”
Durante las inspecciones, criterios variables han generado incertidumbre y se planteó:
- Definir con mayor precisión qué se entiende por “actividad distinta a la preponderante”.
- Establecer criterios objetivos para inspecciones del IMSS, SAT y STPS.
4. Reducción de cargas administrativas
Varias propuestas buscan:
- Simplificar el intercambio trimestral de información con clientes.
- Reducir duplicidades con obligaciones del IMSS e INFONAVIT.
- Permitir plataformas electrónicas más integradas.
Aunque las modificaciones aún no se materializan, la discusión envió señales importantes para el sector empresarial:
- Posibles flexibilizaciones futuras que reduzcan costos y riesgos.
- Mayor claridad normativa, lo que podría disminuir litigios y criterios dispares entre autoridades.
- Mejor reconocimiento de estructuras corporativas modernas, especialmente en grupos multinacionales.
- Posibilidad de regularizar operaciones internas sin depender del REPSE.
No obstante, mientras no cambie la ley, los criterios vigentes siguen aplicándose estrictamente por parte del IMSS, SAT y STPS.
Ante el escenario actual, las empresas deben de realizar las siguientes acciones:
a) Mantener actualizado el cumplimiento con el régimen vigente
Contratos, documentación, REPSE y reportes deben permanecer en orden.
b) Auditar servicios internos
Especialmente en estructuras con shared services o empresas hermanas que proporcionan soporte operativo.
c) Revisar riesgos en nómina y seguridad social
Las autoridades continúan identificando simulaciones y esquemas irregulares.
d) Realizar monitoreo legislativo
Las posibles reformas podrían impactar operaciones, costos laborales y estructura corporativa.
La discusión sobre ajustes a la reforma de subcontratación demuestra que el modelo implantado en 2021 necesita adaptarse a la realidad operativa de las empresas. Aunque los cambios aún no se concretan, el debate de 2025 marca el inicio de una posible etapa de flexibilización y clarificación normativa.
Estar preparados, documentados y atentos a los avances legislativos será clave para evitar riesgos y aprovechar oportunidades.
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